Desde
que hace unas tres décadas se liberalizara el sector de la
comercialización de energía
eléctrica
en España casi un millar de empresas se dieron de alta como
suministradoras de energía
en
nuestro
país.
Esto
nos
coloca
a
la
cabeza
en
Europa
por
número
de comercializadoras
frente a países como
Alemania
(con 210 comercializadoras)
e
Italia (140
comercializadoras)De las 933 empresas dadas de alta a principio de siglo 384 se han ido dando de baja y de las 549 restantes, muchas de ellas no tienen actividad o tienen actividad casi nula.
De la cifra actualizada de suministradoras de energía (504 comercializadoras) se estima que con nula actividad hay unas 130 empresas y de las demás algunas tienen muy escasa actividad, incluso apenas un cliente. De hecho Transición inhabilita a 25 empresas “fantasmas” según sale publicado en el BOE del pasado 16 de julio, y dos días más tarde, el día 18 julio publica la inhabilitación de Holaluz también en el BOE.
Así, en aplicación de la nueva normativa (sobre todo del Real Decreto 88/2026 y del Real Decreto-ley 7/2026) Transición intenta diseñar estrategias de solvencia y credibilidad del sector minorista, endureciendo las condiciones de las comercializadoras que ahora consideran demasiado laxas, con idea de evitar las comercializadoras insolventes, (llamadas también Piratas) ya que éstas han creado un agujero económico y un daño considerable a la confianza.
Muchas de estas empresas sin actividad, simplemente son intentos fallidos que no tienen actividad y que no se han dado de baja por dejadez, pero también las hay que, pese a estar sin actividad, aprovechan su alta como comercializadora para acceder a los datos de la CNMC y poder captar clientes para sí mismas o para terceros convirtiéndose en una verdadera lacra en el sector.
Las nuevas medidas propuestas desde la administración pretenden evitar estos tipos de fraude, y ofrecer mayores garantías a los usuarios, a través de contratos físicos firmados, revisando las estrategias de solvencia y credibilidad del sector minorista.
Así, las nuevas medidas recogen por ejemplo:
Hasta aquí, todo parece simple lucha contra el fraude y la mala praxis empresarial y para los usuarios que sufren verdadera persecución telefónica de empresas fantasma que aparentemente conocen todos sus datos, y por lo tanto, esto es tranquilizador y necesario.
Pero hay otros aspectos diluidos en estas actuaciones que también encubren una tendencia a la vuelta al monopolio. Y es que,¿porqué se inhabilitan las empresas?Las dos razones principales son por no tener actividad y por razones económicas que les imposibilita hacer frente a sus compromisos de suministro. Ahora bien, no siempre las empresas comercializadoras que se ven en estas dificultades son empresas “piratas” o fantasmas, sin escrúpulos, creadas para hacer una captura agresiva de clientes que luego se venden a las grandes compañías.
Tan solo entre 2021 y 2023 cerraron más de 80 comercializadoras por no poder asumir las exigencias de tesorería ocasionadas por las fuertes sacudidas de la volatilidad del mercado eléctrico fuertemente financiero y especulativo, situación agravada con la bajada temporal del IVA en la venta pero no en la compra, lo que supuso, en periodos muy pequeños de tiempo necesidad de grandes aumentos de flujos de tesorería ante los que muchas simplemente quebraron.
Ante el cierre de estas pequeñas comercializadoras, los clientes siempre estuvieron protegidos por ley, y sus contratos pasaron de “oficio” a algunas de las “comercializadoras de referencias”, las llamadas COR, donde se les aplicaba el PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor).
Estas empresas de “referencia” son Iberdrola, Endesa, Naturgy, TotalEnergies y Repsol. Es decir, las empresas de “referencia” son las grandes.
En un sistema que está forzando una implementación energética a renovable “contranatura” con un modelo de transición energética industrial, para mantener los beneficios de las grandes empresas, se hace cada vez más evidente la necesidad de buscar, pensar, crear y defender otras formas de hacer las cosas. De ahí que el papel de la economía social y solidaria se haga más imprescindible que nunca.
Así, en estos momentos, Candela, que se crea como cooperativa energética, se enfrenta a un importante desafío. Con la “cara lavada y recién peiná” en días de muchas e importantes transformaciones en su seno, tiene que aprovechar la oportunidad del proyecto Smartgen subvencionado por el IDAE para tomar impulso, y ofrecer no solo la comercialización sino muchos más servicios energéticos que su base social pueda plantear.
Por su lado, la ciudadanía debe hacer un importante aprendizaje para pasar de meros “consumidores” a propietarios cooperativistas activos que puedan participar, pensar y solucionar sus necesidades energéticas de la forma más justa, económica y ecológica posible, volviendo a poner la vida en el centro. Eso también será una lucha contra el fraude y la mala praxis empresarial, pero hecha desde los usuarios y consumidores conscientes y activos.
Fuente: Patiño Miguel Á.-40 EXPANSIÓN 22 de Julio 2026- La inhabilitación de Holaluz destapa un caos de mil eléctricas en España